San Luis aprobó la refinanciación para familias morosas
La Cámara de Diputados provincial aprobó el proyecto impulsado por el Ejecutivo con 30 votos afirmativos. La norma busca reestructurar deudas en mora superiores a 90 días, imponer un techo del 30% sobre los ingresos del hogar y otorgar alivio fiscal a las entidades financieras que adhieran.
La Cámara de Diputados de San Luis le dio media sanción al proyecto de ley de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo provincial orientada a reestructurar los pasivos de los hogares ajustados y reactivar la economía local. El proyecto cosechó 30 votos a favor y 9 en contra, quedando ahora a un paso de convertirse en ley en la Cámara de Senadores.
El programa contempla un esquema de adhesión voluntaria para bancos, financieras no bancarias, plataformas fintech y prestadores de crédito autorizados por el Banco Central, a los que se les exigirá presentar planes de refinanciación con mejores condiciones para los clientes que mantengan saldos impagos.
Topes a los intereses, cuotas y consolidación de deudas
Para acceder al régimen, las personas deberán demostrar al menos dos años de residencia ininterrumpida en la provincia y registrar una morosidad superior a los tres meses. El texto normativo fija una serie de reglas operativas para proteger los ingresos de los beneficiarios:
- Tope sobre ingresos: La cuota mensual resultante no podrá exceder el 30% de los ingresos totales del grupo familiar.
- Plazos y gracia: Los acuerdos de refinanciación tendrán una duración mínima de 24 meses e incluirán un período de gracia de al menos dos meses.
- Límite a las tasas: La Tasa Nominal Anual (TNA) aplicable no podrá superar la tasa TAMAR más 10 puntos porcentuales.
- Unificación de pasivos: Se permitirá consolidar en una sola obligación las deudas distribuidas en distintas entidades, sumando además los saldos pendientes en servicios públicos provinciales.
Exenciones impositivas y estímulo al comercio
Como incentivo para promover la participación privada, la Provincia facultará al Ejecutivo a otorgar importantes exenciones tributarias a las entidades adheridas. Las financieras contratantes quedarán exentas del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos y del Impuesto a los Sellos respecto de las operaciones de refinanciación concretadas.
Paralelamente, para reactivar las ventas en comercios puntanos, aquellas entidades que lancen promociones, vouchers, reintegros o descuentos en compras locales obtendrán un crédito fiscal computable al 25% del monto efectivamente otorgado en beneficios.
Objeciones de la oposición y reclamo gremial
A pesar de la holgada aprobación, la iniciativa cosechó duras críticas durante la discusión en el recinto y en las comisiones previas:
- Objeción política: Desde sectores de la oposición remarcaron que el programa no condona deudas ni elimina el problema de fondo, sino que se limita a estirar los plazos bajo nuevas condiciones financieras.
- Reclamo de ATE: La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó las exenciones impositivas otorgadas a las entidades financieras y reclamó que las refinanciaciones se otorguen a tasa cero. El gremio argumentó que el sobreendeudamiento de las familias es consecuencia directa de la pérdida de poder adquisitivo y la caída de los salarios.
Con la aprobación en la Cámara baja, el expediente pasó al Senado provincial para su tratamiento definitivo. De promulgarse, la ley tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de ser prorrogada por el Poder Ejecutivo.
